GRANDES ORGANIZACIONES EMPRESARIALES INTENTAN CONSEGUIR LA IMPLANTACIÓN DE LAS 44 TONELADAS

El Grupo para el Impulso a la Competitividad del Transporte, formado por 27 grandes organizaciones empresariales, entre las que se encuentran las principales asociaciones de cargadores de nuestro país, ha recibido el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), en su intento de aumentar hasta las 44 toneladas la Masa Máxima Autorizada (MMA) para el transporte de mercancías por carretera, que actualmente está limitada a 40 toneladas, amparándose en “la reducción de emisiones que supondría la ampliación de la MMA, sin necesidad de inversiones y otros costes asociados para el sector del transporte”, según informa una de las organizaciones más destacadas de los cargadores, Aeutransmer.

Lamentablemente, en nuestra opinión, las buenas intenciones de la OECC chocan frontalmente con la realidad, a la hora de implantar las 44 toneladas.

Hace ya dos años que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), y el resto de las organizaciones integradas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), negocian con las principales asociaciones de cargadores (Aecoc, Aeutransmer y Transprime), la búsqueda de un acuerdo que mejore las condiciones de trabajo de nuestros conductores y atienda nuestras demandas, como –entre otras- la eliminación de los tiempos de espera en la carga y descarga; la revisión del precio del transporte en función del coste del combustible; la reducción de los plazos de pago y la desaparición de los tenders (subastas a la baja) en los servicios de transporte por carretera. Por toda respuesta a unas medidas que creíamos encaminadas a implementar mejoras para el conjunto del sector, solo hemos obtenido una negativa frontal que demuestra que su único objetivo era ampliar la capacidad de carga de los vehículos para incrementar la rentabilidad de sus negocios, sin contrapartida alguna para el sector del transporte.

En consecuencia, la CETM entiende que esta es una maniobra más de la industria y los cargadores, quienes pretenden presionar a los poderes públicos para conseguir una ampliación de la capacidad de transporte, que rechazamos rotundamente.